Por qué la LOMCE es injusta y antidemocrática

Wert

La LOMCE está generando un encendido debate social. Para algunos, es el origen de todos los males;para otros, la salvación de los pésimos resultados de nuestro sistema educativo. Es evidente que la Educación en este país no escapa a problemas, y muestra de ello son los malos resultados obtenidos en los informes PISA, o en su versión para adultos, así como el alto índice de abandono escolar (muy vinculado, sin embargo, al modelo productivo de cualificación baja al que nos han sumido nuestros gobiernos). Pero, a pesar del mal camino que ya estábamos pisando, la LOMCE viene a introducir tintes de injusticia y antidemocráticos a la situación actual, como voy a exponer.

En primer lugar, se consolida la obsesión por examinar. Habrá un examen al final de cada etapa, que si se suspendre impedirá pasar de curso, así como conformará el 30% de la nota final de la etapa. Es un error obcecarse en medir, porque un árbol por más que se mida no va a crecer (decía en una charla el pedagogo Joan M. Girona); hay que centrarse en el aprendizaje, en los métodos pedagógicos, en la evolución del alumnado, no sólo en el resultado de un examen final. No se puede condensar en una hora las habilidades adquiridas en 4 años.

En segundo lugar, se avanza la elección entre Bachillerato y Formación Profesional (FP) de 4º a 3º de la ESO. Ello es negativo porque cuanto más tiempo compartan espacio personas de clases sociales distintas, más se empaparán las de estratos más bajos de las expectativas de los demás. Avanzar esta decisión, pues, ensancha la brecha entre clases. En 4 º de la ESO, entonces, las y los estudiantes serán divididos en un itinierario profesionalizante (los que avancen hacia FP) u otro académico (los que aspiren a la Universidad).

En tercer lugar, se regresa a la reválida al final del Bachillerato. Hasta hoy, sólo los alumnos que querían entrar en la Universidad debían hacer una Selectividad, que exigía sacar un 4 para acceder a aquella. Ahora, todo el alumnado deberá presentarse a la reválida, cuyo suspenso impedirá tanto obtener el título de Bachillerato como entrar en la Universidad. Otra vez la obsesión por medir, medir y medir… sin mejorar el planteamiento pedagógico y de aprendizaje.

En cuarto lugar, se deberá equilibrar el uso de la lengua cooficial con el castellano, donde procediere. Así, la immersión lingüística de Catalunya, que ha logrado con éxito la igualdad en el conocimiento del catalán sin importar la clase social o la procedencia, pende de un hilo. Es un ataque a la autonomía y a la realidad nacional de Catalunya, y un punto más de desencuentro entre esta y el Gobierno Central.

En quinto lugar, el sistema se torna menos democrático, al debilitar el papel de los Consejos Escolares. Es la institución donde están representados las familias, las y los estudiantes, los profesores, la dirección… y pierde competencias en la elección del director o directora y en relación a los presupuestos.

En sexto lugar, el Gobierno central se reserva el diseño del currículum relativo a las asignaturas troncales, que hasta ahora estaba en manos de las Comunidades Autónomas. Se trata, pues de una nueva recentralización, en un momento en que el debate centro-periferia está en punto de no-retorno.

En séptimo lugar, la religión vuelve a contar para el expediente académico. El Partido Popular se saca pues la máscara de la aconfesionalidad y la moderación y achica la distancia entre Iglesia y Educación. Podrá haber alternativas a la materia de religión, pero no es una obligación sino una posibilidad.

En octavo lugar, las Universidades podrán realizar un examen de acceso a los y las candidatas. Eso quiere decir que no importa la nota que saquen en Bachillerato y Selectividad y que se rompe el principio de igualdad así como el derecho a la educación universal, pues las Universidades ejercerán el mismo filtro que los centro de educación concertada.

Son muchas otras las polémicas levantadas por esta Ley, pero he intentado especificar las que me parecen más relevantes para el debate. Estas son las razones para decir NO A LA LOMCE, porque impone una reforma que, sin apoyo parlamentario más allá de la mayoría que sostiene al Gobierno, esconde una clara involución social y democrática, que ataca la laicidad y la aconfesionalidad y daña la relación de las comunidades con el Estado.

No es cuestión de sacralizar lo que hemos tenido hasta ahora, que es claramente insuficiente e ineficaz, sino de reclamar otro marco jurídico que cuente con la participación y el apoyo del alumnado, las familias, los grupos políticos pero sobretodo del colectivo docente, que en sus espaldas carga una tarea imprescindible para el futuro de nuestro país. Y su esfuerzo, sudor, desempeño y -seguramente- frustración no hay reforma ni dinero que lo pueda pagar.

El 24 de Octubre, todas y todos a la Huelga de la Educación

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